Así influye la industria farmacéutica en las prescripciones médicas

¿Hasta dónde debe llegar la relación entre las empresas que fabrican los medicamentos y los médicos que tienen que decidir el tratamiento de sus pacientes?

El pasado año la industria farmacéutica, representada en España por Farmaindustria, decidió dar un paso importante hacia la transparencia en el sector, publicando los datos de los pagos realizados a profesionales y organizaciones sanitarias. Sin embargo, la publicación de estos datos ha reabierto el debate en torno al control que la industria mantiene sobre la formación continuada de los médicos y sobre su influencia en las decisiones de los facultativos a la hora de prescribir medicamentos.

La continua evolución de los tratamientos farmacológicos hace que sea necesario que los médicos se actualicen con relativa frecuencia, lo que se conoce como formación continuada. Esta formación, que se mezcla con actividades publicitarias, se apoya fundamentalmente en el contacto con visitadores médicos, que son representantes de las farmacéuticas, así como en la asistencia a congresos o cursos y por medio de publicaciones especializadas.

La mayor parte de esta formación es financiada por la industria farmacéutica, lo que, a juicio de diversas organizaciones, supone un riesgo debido a la pérdida de independencia. Según el presidente de la plataforma NoGracias, Abel Novoa, “debido al abandono de las administraciones públicas, las actividades de formación han acabado controladas por la industria, que termina imponiendo sus intereses”. Novoa asegura que “la relación entre médicos e industria puede ser productiva, pero el problema está en determinar qué actividades son beneficiosas para el paciente y cuáles no”.

Para el director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, José Zamarriego, el objetivo de las actividades de formación es “ayudar al médico a que prescriba según la evidencia científica disponible” y aunque no niega la influencia que se pueda ejercer sobre los facultativos, aclara que ésta se puede considerar “positiva en la medida en la que se le ofrece al médico información sobre los mejores medicamentos disponibles”.

La influencia negativa de los visitadores

El primer contacto entre la industria y la comunidad médica se realiza través de los conocidos como visitadores médicos, representantes de la industria que ofrecen información a los especialistas sobre los medicamentos disponibles. Aunque su número se ha reducido drásticamente durante los últimos años, debido a la crisis y a diversos cambios en la regulación, estos profesionales siguen siendo un importante canal de comunicación entre los laboratorios y los facultativos.

“Antes de que un médico tome una decisión ya ha tenido a un ejército de representantes que han ido a recordarle lo bueno que es un medicamento, lo que termina influyendo en su decisión, de forma que acaba prescribiendo los nuevos medicamentos pensando que está haciendo lo mejor para sus pacientes, cuando no siempre es así”, explica Novoa.

Zamarriego disiente y recuerda que “los médicos son grandes profesionales, que están muy bien formados” y asegura que “no se puede pensar que se les puede engañar con facilidad”. Además, insiste en recordar que los medicamentos están respaldados por estudios científicos y que desde su unidad se trabaja para que siempre se ofrezca “información rigurosa”.

Sin embargo, un reciente estudio muestra que efectivamente los contactos con representantes de la industria pueden debilitar la calidad de las prescripciones. Según los autores de esta investigación, existe “una asociación consistente entre las actividades relacionadas con la promoción de un medicamento y un aumento inapropiado de las tasas de prescripción o una reducción de la calidad de la prescripción”, por lo que recomiendan “restringir las interacciones médico-industria”.

Los congresos médicos controlados por la industria

El otro gran caballo de batalla de esta relación son los congresos médicos, patrocinados y financiados mayoritariamente por el sector farmacéutico. En España solo algunas sociedades médicas han tratado de llevar a cabo congresos independientes, algo que trata de promover la plataforma NoGracias a través de unas serie de recomendaciones para que los congresos estén “basados en los valores de austeridad, independencia, transparencia, proporcionalidad y progreso científico”.

También desde Farmaindustria se han hecho esfuerzos por mejorar en este aspecto y Zamarriego asegura que desde su unidad se trabaja para que “el interés científico sea el único a tener en cuenta a la hora de asistir a un congreso”. De esta forma, el código de autorregulación es el que determina “cuándo un laboratorio farmacéutico puede patrocinar la asistencia de un médico a un congreso”, explica Zamarriego, desautorizando los que no cumplen las condiciones del código de buenas prácticas.

Sin embargo, Novoa considera que el problema va más allá y exige un mayor grado de independencia. “Nadie se imagina a un juez comiendo con una de las partes de un juicio o que le paguen un congreso, pero esto es lo que está sucediendo en el mundo de la medicina, porque el médico es un juez que tiene que determinar cuál es el mejor remedio para un paciente y una de las partes le paga viajes, hoteles, cursos, libros o comidas”.

En este sentido se pronunciaba hace unos años el investigador de la Universidad de Stanford, John Ioannidis, en un controvertido editorial publicado en la revista de la Asociación Americana de Medicina. Ioannidis asegura que “hay suficientes pruebas de que los congresos médicos están al servicio de valores muy cuestionables que van en contra de la medicina y el sistema de salud” y que “solo favorecen a los departamentos comerciales de las farmacéuticas y a las cadenas hoteleras”.

Limitar el contacto directo entre médicos e industria

Desde NoGracias consideran que existe demasiada laxitud en el sector y que se debería elaborar un marco regulatorio más estricto, que evite “el contacto directo de la industria con los médicos, porque eso no beneficia a los pacientes, ni vale para que los médicos estén mejor formados”, explica Novoa.

En este sentido también se ha pronunciado el presidente Federación de Asociaciones Científico-Médicas, quien ha asegurado que el hecho de “que las aportaciones de la industria se vehiculen a través de nuestras organizaciones contribuiría” a que los profesionales puedan “acceder sin trabas a una formación de calidad e independiente”.

Así lo hará a partir del próximo 1 de enero de 2018 la patronal del sector de las tecnologías sanitarias, FENIN, que, a diferencia de Farmaindustria, ha especificado en su código ético que “las empresas no darán ayudas a profesionales de la salud a título personal”.

Zamarriego, sin embargo, considera que “la clave no es tanto el hecho de que las ayudas se concedan a profesionales concretos o a entidades, como que estas transferencias de valor sean absolutamente transparentes” e insiste en que el sistema de transparencia de Farmaindustria “cuenta con el aval explícito de la Agencia Española de Protección de Datos”.

Publicidad vs formación

La legislación española hace referencia al conflicto de intereses en el ámbito sanitario por medio de la ley de garantías y uso racional del medicamento, que “prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios” por parte de la industria a los profesionales sanitarios.

Sin embargo, los pagos a médicos que realiza la industria, a los que se suelen referir como transferencias de valor, se consideran como actividades de publicidad o de formación, con lo que quedan excluidas de la citada ley. De esta forma, las relaciones económicas entre la industria farmacéutica y la comunidad médica están esencialmente reguladas a través de sus propios mecanismos de autorregulación.

La actual polémica respecto a las transferencias de valor ha surgido porque la Agencia Tributaria consideraba que estos pagos como retribuciones en especie y, por lo tanto, deben tributar. Tanto Farmaindustria, que se refiere a estos pagos como “becas para la asistencia a congresos”, como el PP y Ciudadanos, aducen que la formación de los médicos debería estar libre de cargas fiscales, sin embargo, según la actual legislación muchos de estos pagos son considerados como publicidad y no como formación.

De hecho, según el Real Decreto que regula la publicidad de los medicamentos, se consideran como tal “las visitas médicas efectuadas por los visitadores médicos”, “el suministro de muestras gratuitas” y “el patrocinio de congresos científicos en los que participen personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos y, en particular, el hecho de correr a cargo con los gastos de desplazamiento y estancia con motivo de dichos congresos”.

Pocos estudios sobre el conflicto de intereses en España

Aunque en España el conflicto de intereses en el ámbito médico apenas ha sido analizado en la bibliografía científica, en el año 2009 se publicó una investigación en la que se analizaron 9 revistas médicas españolas. Los resultados mostraron que el 92,8% de los autores había recibido algún tipo de financiación de la industria en el último año, siendo lo más frecuente el pago de viajes e inscripciones a congresos.

Sobre el la posición de los médicos respecto a estos conflictos de interés, apenas existen datos en España, aunque un estudio realizado en Cataluña en 2004 mostraba que el 70% de los médicos consideraba ético aceptar inscripciones a congresos o cursos y un 20% el pago de viajes.

A nivel internacional, el análisis más reciente sobre la posición de los médicos respecto a esta cuestión se publicó el pasado mes de marzo en EEUU y sus resultados indican que, aunque más del 90% de los médicos encuestados son conscientes de la existencia de normas que regulan los conflictos de interés en sus instituciones, existen varios ámbitos en los que hay un profundo desconocimiento.

Solo el 77,5% conoce las normas sobre aceptación de regalos, comidas o actividades lúdicas y menos del 59% tiene conocimiento de la existencia de limitaciones a la hora de participar en eventos patrocinados por la industria o de recibir fondos de la industria para formación. Respecto a las políticas de restricción de acceso a los representantes de ventas, solo el 21,8% reconoce saber algo. Un porcentaje similar (22,6%) a los que tienen algún conocimiento sobre las normas de reclutamiento de pacientes para los ensayos clínicos financiados por la industria.